Samuel Sarmiento: Vicepresidente de la Liga de Economistas.
#AlguienTieneQueDecirlo
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el principal instrumento de política pública que tiene el Gobierno Federal para impulsar los diferentes sectores de la economía y mejorar el bienestar de las familias mexicanas. En este instrumento jurídico y presupuestal se determina cuánto, cómo y en qué se gastarán los recursos públicos.
Para el 2019, el Gobierno Federal de MORENA dispone de un presupuesto de 5.8 billones de pesos, lo que representa un 10.6% más que el año pasado. Para dimensionarlo esto es el 31.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Recursos más que suficientes para atender las principales demandas ciudadanas.
Sin embargo, a pesar del aumento en el presupuesto, los programas sociales que está impulsado el Presidente de la República como «los NINIS» o Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrado Vida o la Pensión Universal, y obras como la Refinerías Dos Bocas y el Tren Maya, han provocado recortes y la eliminación de muchos programas que tenían un amplio beneficio y que eran muy exitosos.
Tal es el caso de las Estancias Infantiles, el programa de prevención y control del cáncer de la mujer, Comedores Comunitarios, Pueblos Mágicos, Red Nacional de Refugios, INADEM, apoyos a la vivienda, empleo temporal, jornaleros agrícolas, deporte y ciencia y tecnología, entre otros.
Particularmente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) este año está ejerciendo un presupuesto de 65,435 millones de pesos, lo que significa una reducción de -9.3% respecto del 2018 y el programa que facilita la comercialización de los granos en las 32 entidades federativas, ahora denominado «Agromercados Sociales y Sustentables» tiene un presupuesto de 6,707 millones de pesos, lo que implica una reducción de -31.2%.
Esta reducción del presupuesto de SADER, sumado a la falta de experiencia y sensibilidad de los nuevos funcionarios federales, ha provocado los estragos que todos hemos visto en el campo sinaloense y en el resto del país.
Protestas, marchas y toma de vialidades, carreteras, casetas, edificios públicos y la explanada del Palacio Nacional se han derivado de la desesperación de los productores agrícolas, que vieron cómo por primera vez en la historia, los industriales no venían a contratar su cosecha, después, la falta de pago de los centros de acopio y ahora, que ya iniciaron los vencimientos de los créditos de avíos, siguen esperando los apoyos del Gobierno Federal para alcanzar el Ingreso Objetivo de maíz de $4,150 por tonelada.
Por estas razones, y en vísperas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 propongo lo siguiente:
Primero. Que se entienda que el campo no tiene partido político. Por lo tanto, se hace un exhorto a todos los Diputados Federales sinaloenses para que gestionen un presupuesto de SADER no menor a 78,000 millones de pesos y para el programa «Agromercados Sociales y Sustentables» 10,500 millones de pesos.
Lo anterior, considerando el presupuesto 2018 (no el 2019 porque fue reducido sin criterio) y sumándole el factor inflacionario 2019 y 2020.
Segundo. Que se reconozcan los 3 tipos de agricultura que existen en el país (no se pueden implementar los mismos programas para quienes cosechan 1 tonelada de maíz, que para quienes tienen rendimientos de hasta 18 toneladas):
- Agricultura de subsistencia: que se apoya con programas sociales y asistencialistas, como los Precios de Garantía, fertilizantes y sembrando vida.
- Intermedia: es la que requiere apoyos para la mecanización (tractores e implementos agrícolas), bodegas y silos que incrementen su productividad y rentabilidad.
- Agricultura comercial o excedentaria: es la que requiere programas y apoyos para la comercialización de los granos.
«Los estados con agricultura comercial como Sinaloa, deberían ser vistos como los aliados naturales del Presidente de la República, en su Política de Soberanía Alimentaria y Sustitución de Importaciones», y no como adversarios políticos, como los ha querido ver hasta hoy, y eso #AlguienTieneQueDecirlo
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