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Editorial

La reversa también es cambio.

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Víctor Villalobos, titular de la SADER.

Redacción

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República generó expectativas en prácticamente todos los sectores económicos de la población. Ante sus promesas, los agricultores soñaron con precios de garantía para los granos, garantizando así la rentabilidad de sus cosechas y los ganaderos se imaginaron un futuro promisorio gracias a los programas de mejoramiento genético y crédito ganadero.

Dentro de estos compromisos de campaña, López Obrador ofreció a los productores de maíz en Sinaloa, precios superiores a los 3,500 pesos por tonelada. Es más, dijo, se les pagará el doble. Algo así como 7 mil pesos.

Conforme los tiempos fueron llegando, el discurso fue cambiando; “una cosa son las promesas de campaña, y otra diferente es el ejercicio del poder”, comentó en algún momento.

Así pues, los 7 mil se convirtieron en 5,600 pesos por tonelada, limitado a pequeños productores de la zona de temporal, excluyendo a los agricultores de riego, que son quienes predominan en Sinaloa y quienes sostienen la producción de tortilla durante varios meses del año.

Por otro lado, lo que tanto se temía; que se afectara al ingreso objetivo, se cumplió. En un primer anuncio se dijo que se limitaría a la producción de 30 hectáreas con un promedio de 10.5 toneladas, ya no 11 ni 12.

Con qué criterio el Gobierno Federal hizo estas propuestas. Nadie sabe, lo cierto es que ante algunas propuestas y diversas gestiones se logró la consideración del ingreso objetivo para productores de hasta 50 hectáreas y con una producción promedio de 12 toneladas.

No obstante, las expectativas de los maiceros están lejos de cumplirse. Se busca por lo menos alcanzar los 4,500 pesos por tonelada, algo que se antoja bastante difícil luego de la definición de la base en 41 dólares, cuatro menos que el año pasado.

Para los trigueros el ingreso objetivo de 5,100 pesos por tonelada causó conformidad. Sin embargo, tras la publicación de las reglas de operación, que limita dicho ingreso hasta las 100 toneladas por productores. La fiesta se vino abajo.

Lo cierto es que las políticas públicas federales que impulsa el cambio de la cuarta transformación están afectando a estados clave para seguridad alimentaria nacional. Y el gobierno parece disfrutarlo. Así como dejó fuera a Sinaloa del programa del crédito ganadero a la palabra.

Y vale recordar que la reversa, también es cambio.

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