Ernesto Perea | Imagen Agropecuaria
Productores de maíz piden al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destinar una bolsa de recursos suficientes para garantizar un precio de 7 mil doscientos pesos por tonelada de maíz blanco, que cubra la compra de toda la producción del ciclo primavera-verano de las regiones del Bajío y de Occidente y que se convierta en el referente para toda la producción nacional de maíz.
En sus redes sociales, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) manifestó que está será la demanda que harán al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, el próximo lunes 27 de octubre, en la reunión que sostendrán agricultores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, en las instalaciones de la Secretaria de Gobernación, en la Ciudad de México.
El organismo acordó también que ese mismo día iniciarán “la segunda gran movilización nacional del FNRCM, que servirá para intensificar la presión y mantener la demanda de la mesa nacional de diálogo donde se pongan a discusión los problemas estructurales que hacen inviable la actividad agrícola en México”.
Uno de estos problemas es la exclusión de los granos del T-MEC, que será renegociado con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá el próximo año. Además plantean que México salga de “la Bolsa especulativa de Chicago, por ser incompatibles con el propósito de la soberanía alimentaria y con la necesidad de comprender a la actividad agrícola como un renglón estratégico en el desarrollo económico nacional”.
La convocatoria del FNRCM invita “a todos los productores del país a acercarse ese día a las casetas de sus zonas a las 9 a.m. hora del Pacífico y mantenerse en pie de lucha y en espera del resultado de dicha reunión. Si los resultados no son favorables, se dará libre tránsito a la ciudadanía por todas las zonas agrícolas de México, como acto de reclamo y exigencia legítima de los productores para ser verdaderamente escuchados”.
Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) expresó, por medio de un comunicado, “su preocupación por la difícil situación que enfrentan los productores (pequeños, medianos y grandes) de maíz en todo el país, derivada de la baja en los precios y subsidios internacionales de los granos, el incremento de los costos de producción y los efectos de la sequía que han impactado severamente a diversas regiones”.
El organismo cúpula del sector agroempresarial en México también hizo “un respetuoso llamado a las autoridades y a los distintos actores del sector agroalimentario para que se implementen acciones de acompañamiento y apoyo que permitan a los productores afrontar esta coyuntura adversa y mantener viva su actividad productiva”.
El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, también advirtió que si el próximo lunes 27 no hay respuesta favorable del gobierno federal para establecer precio de garantía de 7 mil 200 por tonelada de maíz bloquearán casetas así como las principales carreteras y se analiza la movilización hacia la capital del país con maquinaria agrícola.
Consideró que “los gobiernos de la 4T son igual o peores que sus antecesores neoliberales, pues redujeron el presupuesto rural, desmantelaron programas sociales ganados por el movimiento campesino organizado y liquidaron instituciones como la Financiera Rural que ayudaba al crédito el sector rural”.
Habló del alza desproporcionada de insumos para produción en el campo, donde se requiere invertir 55 mil 500 pesos por hectárea para garantizar un rendimiento de 10 toneladas de maíz, con un precio actual de 4 mil 800 pesos por tonelada, “lo que demuestra que no salen las cuentas”.
El dirigente de UNTA criticó que en las dos administraciones de los gobierno de la 4T se presume la autosuficiencia y soberanía alimentaria pero en realidad somos un país importador de alimentos, porque México produce menos del 50% del maíz que consume, 20% del trigo y del arroz que requiere, 80% del frijol y 5% de las oleaginosas que se necesitan en el país.
López Ríos subrayó que “en 37 años de gobiernos priistas, panistas y de morenistas, el campo se colocó en condiciones de desastre y ruina ya que en este período el índice de autosuficiencia alimentaria pasó de 72% a 42%”.
Recordó que cuando se negoció el TLCAN y se reformó el Artículo 27 Constitucional, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la UNTA se opuso tras advertir que sería la ruina del campo y que se abría paso a la destrucción de la propiedad social, ejidal y comunal.
Prueba de lo anterior, añadió, es que la superficie agrícola no sembrada disminuyó en más de 4 millones hectáreas, mientras que en los últimos 15 años el acceso al crédito y a un seguro para las unidades de producción agropecuaria es nulo tras la desaparición de la Financiera Rural.
