Gustavo Rojo Plascencia, presidente del Consejo Directivo 2019-2022 de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES)
Como ustedes recordarán el Gobierno Federal a través de la SEMARNAT, detuvo los permisos de importación de un importante herbicida para quienes practicamos la agricultura comercial, me refiero al Glifosato, lo anterior forma parte de la agenda de transiciones ambientales de dicha dependencia, donde hace referencia a la eliminación de agroquímicos en el campo y enfatiza la producción de alimentos sanos no transgénicos y sin residuos tóxicos.
Dicha acción se tomó como medida precautoria por los posibles impactos que pudiera tener este agroquímico a la salud y al medio ambiente. Esta prohibición ha generado polémica por las implicaciones económicas que podría tener esta medida.
El decreto en mención establece acciones que deberán realizar las entidades que integran la administración pública federal para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo; refiere también que la dependencias federales no podrán utilizar este herbicida en sus operaciones, pero en el caso de la agricultura comercial se podrá utilizar hasta el 31 de enero del 2024.
Será el CONACYT el organismo encargado de las investigaciones, y al final de ellas, la SADER y la SEMARNAT deberán presentar alternativas sostenibles ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos o con el uso intensivo de mano de obra.
Lo anterior denota que a la fecha no existen alternativas probadas que puedan sustituir de inmediato este agroquímico, por lo que claramente se ve que muchas de las líneas de acción expuestas están hechas desde el escritorio, prueba de ello es la sugerencia del uso intensivo de la mano de obra para controlar hierbas y arbustos en los cultivos.
Por otra parte el decreto señala que como medida de protección al maíz nativo, las autoridades revocarán y se abstendrán de otorgar permisos para la siembra de transgénicos, situación que no afecta a los sectores productivos, ya que en México no hay producción de maíces genéticamente modificados, lo que se siembra son maíces híbridos.
Nuestro país es autosuficiente en la producción de maíz blanco para consumo humano, pero importamos de Estados Unidos 17 millones de toneladas de maíz amarillo que van al consumo pecuario e industrial y marginalmente un millón de toneladas de maíz blanco para consumo humano donde en ambos casos la mayor parte es transgénico.
En el caso del maíz blanco importado se permitirá su uso hasta el 31 de enero del 2024 pero el consumo de maíces transgénicos para uso pecuario será permitido, lo que parece una contradicción ya que a final de cuentas indirectamente va al consumo humano.
Por nuestra parte, estamos abiertos y con la mejor disposición de colaboración para que realmente se generen alternativas de sustitución del glifosato pero que sean sostenibles y que no impliquen reducciones en la producción o aumentos en los costos.
Para ello, ponemos a disposición nuestros centros experimentales y los técnicos de las asociaciones de agricultores y de la Fundación Produce Sinaloa para que se lleven a cabo las validaciones de las alternativas propuestas por el CONACYT con el propósito de estar seguros de que son sustitutos probados y viables, además de que se demuestre científicamente en campo los impactos negativos a la salud y el medio ambiente.
