Martí Batres Guadarrama, Senador de Morena.
Redacción
Culiacán, Sinaloa, a 13 de septiembre de 2018._ Derogar el capitulo II «Participación de inversión privada y social en obras hidráulicas» de la Ley de Aguas Nacionales para buscar que toda persona tenga acceso al agua, eliminando toda concesión de agua para cualquiera que sea su uso, fue la propuesta que hizo en el Senado, Martí Batres.
El legislador de Morena, señaló textual «el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos, la gestión del agua, será pública y sin fines de lucro; queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones parciales o totales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a esta».
Señala, de la misma, forma que «tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a esta, queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio del agua potable, queda prohibida toda forma de privatización de la gestión del agua».
En el entendido de que la figura de los módulos de riego es una Asociación de Usuarios Productores Agrícolas, considerada como una asociación conformada por particulares, la derogación del capitulo II de la Ley de Aguas Nacionales, sería el principio del fin para los módulos de riego que administran, operan, conservan y modernizan los canales de riego concesionados por el Gobierno Federal desde 1992.
Cabe señalar que, según productores y dirigentes de los módulos de riego, el hecho de que el Gobierno Federal retome la concesiones de agua implicaría que a su vez hiciera una inversión multimillonaria para sustituir estos organismos hidroagrícolas, cuya maquinaria, vehículos y oficinas, son propiedad de los asociados.
Tan solo en Sinaloa existen más de 48 módulos y Redes Mayores, que operan presupuestos anuales que van de los 15 hasta los 45 millones de pesos, según la superficie a la que otorgan el servicio de agua para riego.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.
