Agustín Espinoza Laguna afirmó que mientras organizaciones internacionales buscan frenar el proyecto de GPO, no existen movilizaciones similares ante los bajos precios de las cosechas, el endeudamiento y la crisis que enfrentan los productores agrícolas.

Redacción | Canal de Whatsapp

Culiacán, Sinaloa, 28 de julio de 2026.- Mientras el campo sinaloense enfrenta una de sus crisis más severas por el encarecimiento de los costos de producción, los bajos precios del maíz y el trigo y la falta de políticas públicas para la agricultura comercial, organizaciones nacionales e internacionales concentran sus esfuerzos en frenar la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobampo, cuestionó Agustín Espinoza Laguna.

El secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa exigió transparentar los intereses y el origen de los recursos que respaldan la oposición al proyecto promovido por GPO, luego de que el conflicto trascendiera el ámbito regional y llegara hasta Alemania para presionar a organismos financieros internacionales.

Espinoza Laguna reconoció que toda inversión debe cumplir estrictamente con la legislación ambiental y someterse a los estudios correspondientes. Sin embargo, consideró igualmente legítimo preguntar quién financia la campaña contra el proyecto, quién la coordina y qué intereses económicos, políticos o ideológicos existen detrás de ella.

Señaló que no es común que un grupo reducido de opositores locales tenga la capacidad financiera y organizativa para llevar un conflicto de Sinaloa al extranjero con el propósito de impedir el financiamiento de una obra que, aseguró, podría fortalecer la producción nacional de fertilizantes.

El dirigente campesino sostuvo que la sociedad tiene derecho a conocer toda la información relacionada con el proyecto. Por ello, afirmó que la transparencia debe exigirse tanto a la empresa promotora como a las organizaciones que buscan detener la inversión.

Así como se demanda claridad sobre los estudios de impacto ambiental y las condiciones bajo las cuales operaría la planta, agregó, también deben hacerse públicos el origen de los recursos, las alianzas internacionales y los intereses que sostienen la campaña de oposición.

Espinoza Laguna lamentó que esa capacidad de movilización no se observe ante la crisis que enfrentan miles de productores agrícolas, quienes cada ciclo deben lidiar con precios insuficientes para sus cosechas, mayores costos de producción, endeudamiento y pérdida de rentabilidad.

“No vemos manifestaciones internacionales por los precios ruinosos del maíz y del trigo. No vemos campañas globales por el cierre de miles de unidades de producción. No vemos protestas frente a los bancos por el endeudamiento de las familias campesinas”, expresó.

Añadió que para algunos sectores el fertilizante solamente parece adquirir relevancia cuando se trata de impedir su producción en territorio nacional, mientras los agricultores mexicanos continúan expuestos a la dependencia de las importaciones, los precios elevados, la especulación y la incertidumbre en el abasto.

El líder de la COUC afirmó que quienes se oponen a este tipo de inversiones tampoco han presentado una alternativa viable para garantizar el suministro de fertilizantes, insumo indispensable para la producción de alimentos y uno de los principales componentes del costo de los cultivos.

A su juicio, el debate sobre la planta de Topolobampo no debe limitarse únicamente al aspecto ambiental, sino considerar también sus implicaciones económicas, sociales y de seguridad alimentaria. Advirtió que México difícilmente podrá consolidarse como una potencia agroalimentaria mientras dependa del extranjero para abastecerse de uno de sus principales insumos agrícolas.

Reiteró que la defensa del medio ambiente es una causa legítima y necesaria, pero consideró que utilizarla para bloquear proyectos estratégicos sin presentar soluciones para el campo puede terminar afectando directamente a quienes producen los alimentos del país.

Los agricultores de Sinaloa, sostuvo, demandan un debate serio, transparente y sustentado en evidencia científica, en el que se revisen todos los estudios ambientales, se garantice el cumplimiento de la ley y se transparenten los intereses de cada uno de los actores involucrados.

“El futuro del campo mexicano no puede decidirse desde oficinas internacionales; primero debe escucharse la voz de quienes todos los días trabajan la tierra”, concluyó.