14 de septiembre de 2026
Que aumente el presupuesto agrícola no significa que todos los agricultores recibirán más apoyo. Para 2027, el reto es identificar quién tendrá acceso a los recursos y en qué condiciones. En Sinaloa, donde sembrar exige comprometer capital antes de conocer el ingreso final, esa diferencia puede decidir la continuidad de muchos de los productores.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pasaría de unos 76 mil millones de pesos en 2026 a casi 89 mil millones en 2027, un aumento del 17% antes de descontar la inflación. Sin embargo, la distribución plantea reducciones en programas importantes. Hablamos de un proyecto sujeto a revisión y aprobación, con decisiones que aún pueden cambiar.
Acopio para el Bienestar tendría cerca de 20% menos recursos: bajaría de 13 mil millones a unos 10 mil 400 millones de pesos. El ajuste exige precisar cuánta cosecha podría adquirirse y qué agricultores mantendrían acceso al programa. Sus efectos deben evaluarse sobre la población atendida, sin atribuirlos automáticamente a todo el sector agrícola.
Fertilizantes para el Bienestar pasaría de poco más de 18 mil millones a 17 mil millones de pesos. Producción para el Bienestar bajaría de 17 mil 500 millones a 17 mil millones. Con una inflación de referencia de 3%, estos programas y Acopio perderían juntos alrededor de 11% de capacidad de compra. Esa disminución limita el alcance de sus recursos.
Los recortes corresponden a programas específicos y no prueban, por sí mismos, que disminuirá todo el respaldo a la agricultura comercial. Para conocer el balance se requiere valorar además todas las partidas que aumentan y sus beneficiarios. ¿De qué sirve anunciar más presupuesto si el agricultor todavía desconoce si estará incluido en los apoyos?
Debemos dejar claro que agricultura comercial y pequeña producción pueden coincidir. Un agricultor con pocas hectáreas que vende su cosecha también participa en el mercado. El tamaño de la explotación y el destino de lo producido son criterios distintos. Por eso, apoyar a pequeños y medianos agricultores también puede respaldar actividad comercial.
El proyecto incorpora recursos para Comercio Justo, orientado a fortalecer la comercialización de granos, con atención principalmente a pequeños y medianos productores. Esto abre una expectativa para el maíz y el trigo de Sinaloa. Su efecto dependerá de la operación, los cultivos incluidos y la forma en que los recursos lleguen a los beneficiarios.
El alcance para los agricultores de mayor escala sigue pendiente de precisarse. Se requiere conocer límites de superficie, volúmenes apoyados, regiones elegibles y requisitos de acceso para 2027. Contar con una partida presupuestaria no garantiza que cualquier productor pueda cobrarla. La cobertura efectiva deberá quedar muy clara antes de sembrar.
En Sinaloa, las organizaciones agrícolas han recibido con expectativa este instrumento, pero reclaman agilidad. Tienen razón en colocar los tiempos en el centro: un apoyo tardío obliga a financiar la espera. Los intereses consumen parte del beneficio y el agricultor llega al siguiente ciclo con menos recursos para pagar semilla, labores y jornales.
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria conservaría unos 3 mil 800 millones de pesos, sin aumento nominal. Con inflación, ese monto perdería capacidad de compra. Son servicios que también benefician a la agricultura comercial y exportadora. Para tomate, chile bell y pepino, proteger la sanidad y la inocuidad resulta esencial para conservar compradores.
Estados Unidos cuenta con el Programa Federal de Seguro de Cultivos, conocido como Federal Crop Insurance Program. Ofrece protección ante pérdidas de producción o ingresos, según la póliza. El sector mexicano requiere instrumentos que cubran estos riesgos antes de sembrar, con reglas de operación claras y coberturas acordes a cada cultivo y región.
Para los granos sinaloenses, se requiere que los apoyos de comercialización se vinculen con contratos previos a la siembra. Compradores y agricultores deben acordar volumen, calidad, fórmula de precio y plazo de pago. Es necesario que el Gobierno facilite garantías y coberturas, con límites claros, para reducir riesgos y permitir el financiamiento.
El sector necesita inversión federal y estatal en ahorro de agua, análisis de suelo y validación de semillas, con participación de organizaciones y universidades. Cada proyecto debe demostrar cuánto redujo los costos o mejoró el ingreso agrícola. Es indispensable ampliar las soluciones que funcionan y corregir aquellas que no cumplen sus objetivos.
La Cámara de Diputados debe exigir metas por programa, cobertura regional y calendarios de entrega antes de votar los recursos. Es necesario publicar avances para comparar lo prometido con lo realizado. Las organizaciones agrícolas necesitan registrar retrasos y resultados para negociar con evidencia y exigir respuestas concretas a las autoridades.
Comercializadores y exportadores deben transparentar descuentos, respetar contratos y pagar sin retrasos. Se requiere que los consumidores prioricen productos nacionales y reduzcan los desperdicios, mientras las organizaciones civiles vigilan el uso del dinero público. La fortaleza del campo mejora cuando cada participante asume su responsabilidad.
El presupuesto de 2027 debe evaluarse por quién recibe apoyo, cuándo lo recibe y qué resultados consigue. El campo necesita instrumentos acordes con cada cultivo, región y tamaño de productor. Detrás de cada siembra hay patrimonio, empleos y familias. El dinero público debe traducirse en condiciones que permitan producir con rentabilidad y certeza.
Esto fue Visión Agrícola 360: El Panorama Completo del Campo Mexicano.
