3 de septiembre de 2026
En Sinaloa está ocurriendo algo que hace pocos años habría parecido imposible: propietarios dispuestos a prestar sus parcelas sin cobrar renta, con tal de que alguien las siembre. Cuando una tierra productiva deja de encontrar interesados, aun siendo gratuita, la señal rebasa al agricultor y se convierte en una alarma para toda la economía estatal.
El fenómeno se observa ahora en Navolato y en la región del Évora, donde algunos ejidatarios prefieren ceder temporalmente sus hectáreas para evitar maleza, plagas y gastos posteriores de limpieza. Detrás de esa decisión existe una conclusión dolorosa: hoy puede resultar menos costoso renunciar a la renta que intentar producir y terminar endeudado.
Este deterioro del mercado de tierras ha sido acelerado. Parcelas que llegaron a rentarse entre 10 mil y 15 mil pesos por hectárea comenzaron a ofrecerse en alrededor de 5 mil. Ahora aparecen casos donde el cobro desaparece. Esto no representa una oportunidad real, refleja el desplome de la demanda provocado por la falta de rentabilidad y liquidez.
Una parcela en descanso puede conservar e incluso recuperar la calidad del suelo cuando mantiene cobertura vegetal y recibe un manejo adecuado. El problema surge cuando queda abandonada, con maleza descontrolada, drenes obstruidos y posibles refugios para plagas que después afectan a las superficies vecinas.
Durante el ciclo anterior se estima que quedaron cerca de 100 mil hectáreas sin sembrar. Algunos dirigentes consideran que la superficie ociosa podría acercarse ahora a 200 mil hectáreas. Aunque no existe una cifra oficial consolidada, la tendencia resulta suficientemente preocupante para exigir respuesta antes de iniciar el próximo ciclo agrícola.
La cuenta del maíz permite entender el problema. Establecer una hectárea puede requerir alrededor de 60 mil pesos, considerando insumos, labores y financiamiento. Para recuperar esa inversión, el productor necesita obtener 10 toneladas y venderlas en aproximadamente 6 mil pesos cada una, antes de pensar en utilidades o enfrentar nuevos imprevistos.
En terrenos salitrosos, arenosos, disparejos o alejados de los canales, los rendimientos pueden quedarse en ocho toneladas por hectárea. Aun alcanzando un precio de 6 mil pesos, el ingreso sería de 48 mil. El productor comenzaría el ciclo sabiendo que probablemente perderá dinero, aunque el propietario le permita utilizar la tierra sin pagar renta.
Eliminar la renta reduce una parte del costo, aunque difícilmente corrige el desequilibrio completo. Quien acepta sembrar debe pagar semilla, fertilizante, agua, maquinaria, combustible, financiamiento y cosecha. Además, carga con los riesgos del clima, las plagas, el rendimiento y un precio final que normalmente desconoce cuándo inicia la siembra.
La situación también golpea al propietario. Para muchos ejidatarios, la renta de la parcela representa un ingreso familiar, una pensión informal o el recurso para atender gastos médicos. Dirigentes agrícolas estiman que buena parte de la superficie sinaloense se trabaja mediante arrendamiento, por lo que la pérdida ahora alcanza a miles de hogares.
Cada hectárea que deja de sembrarse reduce trabajo para operadores de maquinaria, regadores, jornaleros, transportistas, talleres, distribuidores de insumos y bodegas. La contracción llega al comercio de las sindicaturas y cabeceras municipales. La crisis agrícola termina recorriendo la economía regional mucho más allá de los límites de la parcela.
Como ejercicio para dimensionar el problema, aplicar una inversión de 60 mil pesos a 200 mil hectáreas representaría alrededor de 12 mil millones de pesos. No es una proyección exacta, porque existen varios cultivos y costos, pero muestra la magnitud del movimiento económico que dejaría de generarse si continúa disminuyendo la intención de siembra.
Esto sucede en una de las regiones agrícolas más productivas de México, con presas, canales, maquinaria, conocimiento técnico y productores experimentados. El suelo conserva su capacidad; lo que perdió valor fue la decisión económica de sembrarlo bajo condiciones marcadas por precios débiles, altos costos y riesgos crecientes.
La crisis reúne varios años de sequía, rendimientos afectados por temperaturas invernales elevadas, encarecimiento de insumos, deudas acumuladas y precios internacionales débiles. Muchos agricultores vendieron sus cosechas por debajo del costo y ahora carecen del capital necesario para preparar la tierra, adquirir semilla y comenzar un nuevo ciclo.
El escenario tampoco ofrece tranquilidad. Para el ciclo 2026-2027 se estima que México producirá cerca de 25 millones de toneladas de maíz e importará alrededor de 27 millones. Gran parte de esas compras corresponde a maíz amarillo para la industria pecuaria, aunque su volumen influye en las referencias comerciales y presiona al productor nacional.
Los apoyos posteriores a la cosecha ayudan a cubrir deudas, aunque llegan tarde para orientar la producción. Antes del próximo ciclo, los gobiernos deben definir presupuesto, reglas, calendario de pagos, coberturas de precios y un ingreso mínimo verificable. El productor necesita saber cuánto puede recibir antes de depositar la semilla en el suelo.
FIRA, la banca, compradores y organizaciones agrícolas deben actuar antes de la siembra: reestructurar deudas viables, ofrecer crédito con garantías, celebrar contratos anticipados y diversificar únicamente cuando exista mercado. ¿Qué futuro puede tener el campo si una de las mejores tierras de México debe regalarse para encontrar quien la trabaje?
Esto fue Visión Agrícola 360: El Panorama Completo del Campo Mexicano.
