26 de agosto de 2026
Estados Unidos ha comenzado a devolver más de 100 mil millones de dólares cobrados mediante los aranceles impuestos por Donald Trump bajo poderes de emergencia. La cifra parece anunciar un enorme alivio comercial, pero sus efectos tienen límites muy claros. Para los productores y exportadores mexicanos de tomate fresco, la situación permanece igual: la cuota cercana al 17% continúa vigente.
El origen de estas devoluciones se encuentra en los aranceles aplicados mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El gobierno estadounidense utilizó esa legislación para gravar numerosas importaciones, argumentando emergencias relacionadas con el déficit comercial, la migración y el tráfico de drogas, extendiendo las facultades presidenciales más allá de lo previsto originalmente por el Congreso.
La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que esa ley no autorizaba al presidente a imponer aranceles con semejante alcance. Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional ordenó organizar la devolución de los recursos cobrados. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tuvo que establecer un procedimiento especial para revisar millones de operaciones e identificar a los importadores con derecho a recuperar su dinero.
Al cierre de julio, cerca de 129 mil millones de dólares habían sido aceptados para su procesamiento. De esa cantidad, alrededor de 100 mil millones, incluyendo intereses, ya habían sido certificados y enviados al Departamento del Tesoro para su dispersión. Estados Unidos había recaudado aproximadamente 166 mil millones mediante estos aranceles, por lo que todavía queda una cantidad considerable pendiente de resolución.
Conviene aclarar que esta devolución no representa un apoyo económico ni un regalo del gobierno estadounidense. Se trata de recursos cobrados mediante aranceles cuya base legal fue rechazada por la Suprema Corte. El Estado simplemente está restituyendo dinero que ingresó mediante una facultad que el máximo tribunal consideró ilegal.
El beneficiario directo es el importador registrado ante la aduana estadounidense, porque fue quien realizó formalmente el pago. Sin embargo, el costo económico pudo distribuirse entre proveedores extranjeros, compradores, comercializadores y consumidores. Algunos exportadores concedieron descuentos para conservar a sus clientes, mientras muchas familias americanas terminaron pagando precios más elevados por productos importados.
Esta situación abre una discusión importante. Si las empresas recuperan el dinero y mantienen los precios elevados, podrían obtener una ganancia extraordinaria después de haber trasladado el costo a proveedores y consumidores. ¿Quién debería recibir realmente el beneficio cuando el sacrificio fue absorbido por toda la cadena comercial y no únicamente por la compañía que aparece en el pedimento aduanal?
Para México, el panorama es mixto. Algunos importadores estadounidenses que pagaron aranceles de emergencia sobre mercancías mexicanas podrán recuperar esos recursos. Sin embargo, muchas exportaciones que acreditaron origen bajo el T-MEC estuvieron exentas durante buena parte del periodo. Por ello, la cantidad relacionada con productos mexicanos será menor de lo que podría sugerir la enorme cifra anunciada.
El caso del tomate mexicano tiene una condición completamente diferente. La cuota aplicada a las importaciones de tomate fresco queda fuera de este programa de devoluciones. Aunque comúnmente se le llama arancel o cuota compensatoria, jurídicamente corresponde a una orden antidumping creada para responder a la acusación de que el producto mexicano se vende por debajo de un valor considerado justo.
La medida entró en vigor después de que el Departamento de Comercio cancelara, en julio de 2025, el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping vigente desde 2019. Su fundamento se encuentra en la Ley Arancelaria de 1930, una legislación comercial específica que nunca formó parte del proceso resuelto por la Suprema Corte estadounidense.
Por esa razón, la cuota cercana al 17% continúa aplicándose al tomate bola, Roma, cherry, grape y al producido bajo agricultura protegida, entre otras presentaciones destinadas al mercado fresco. El tomate enviado para procesamiento puede quedar excluido cuando cumple determinados requisitos documentales, aunque representa una parte distinta y considerablemente menor del comercio tomatero entre México y Estados Unidos.
Formalmente, el depósito lo realiza el importador estadounidense. En la práctica, el costo puede regresar hasta los campos mexicanos mediante descuentos, menores precios de compra, cambios en los contratos o reducción de pedidos. Existe una excepción limitada: si alguna operación pagó adicionalmente un arancel de emergencia, ese componente podría reclamarse, pero la cuota antidumping cercana al 17% permanecerá intacta.
Los exportadores mexicanos necesitan revisar cada pedimento con sus clientes, identificar quién aparece como importador registrado y separar claramente los conceptos cobrados. El gobierno mexicano y las organizaciones de productores también deben fortalecer la defensa comercial, documentar el impacto económico de la medida y trabajar en una negociación que permita recuperar un acuerdo de suspensión con condiciones equilibradas.
La devolución de más de 100 mil millones de dólares demuestra que bajo la palabra arancel conviven medidas con fundamentos y consecuencias muy diferentes. Mientras miles de importadores estadounidenses reciben recursos, el tomate mexicano continúa pagando por entrar a su principal mercado. Para cambiar esa realidad harán falta unidad, información sólida y una estrategia comercial capaz de defender cada cosecha.
Esto fue Visión Agrícola 360: El Panorama Completo del Campo Mexicano.
