15 de agosto de 2026
El 3 de junio de 2026, en Palacio Nacional, el Gobierno de México firmó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Tomate, junto con productores de 18 estados, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio. En aquel momento, el objetivo era atender una presión muy visible: el tomate estaba caro, el consumidor resentía el golpe y el tema ya se había convertido en preocupación nacional.
Hoy, algunas semanas después, el precio del tomate se estabilizó. Para muchas familias mexicanas, eso representa un alivio real. El tomate volvió a estar en niveles más razonables en mercados y supermercados, y la presión inmediata sobre la canasta básica bajó. Pero conviene decirlo con claridad: esa estabilización tiene poco que ver con el pacto firmado y mucho más con el comportamiento natural de la oferta agrícola.
Lo que ocurrió fue que las regiones productoras de primavera-verano entraron en plena producción. Llegó más tomate al mercado nacional, sin afectaciones climáticas relevantes y sin problemas fitosanitarios graves que limitaran la cosecha. Cuando la oferta aumenta de manera sana, el precio baja. Es una regla sencilla del mercado, aunque muchas veces se quiera explicar desde la política pública.
Esto no significa que el acuerdo no tenga valor. Puede tenerlo si sirve para generar información, coordinación y planeación. Pero sería un error atribuirle al pacto un resultado que en realidad vino del calendario agrícola y de una temporada productiva favorable. El campo tiene sus propios tiempos, y en el tomate pesan más que cualquier anuncio.
El problema es que la historia ahora cambió de lado. Hace unas semanas el más presionado era el consumidor, que pagaba un tomate caro. Hoy, con precios más bajos, el que empieza a resentir el ajuste es el productor. El público ve una reducción en el anaquel y la celebra con razón, pero en muchas parcelas esa misma baja puede significar márgenes apretados, preocupación y dificultad para recuperar la inversión.
Esta es una de las paradojas más duras de la agricultura. Cuando el tomate sube, se acusa al campo de encarecer la comida. Cuando baja demasiado, pocos preguntan si el agricultor podrá cubrir semilla, fertilizante, nutrición, mano de obra, empaque, transporte, financiamiento y renta de tierra. ¿De qué sirve tener tomate barato durante unas semanas si al final el productor queda tan golpeado que reduce su siembra en el siguiente ciclo?
El acuerdo nacional debe servir precisamente para evitar esos extremos. Ordenar la cadena no puede significar únicamente bajar precios al consumidor. También debe significar darle estabilidad al productor, mejorar la información de mercado y reducir la especulación. Si la política pública se queda en celebrar la baja de precio, se pierde la mitad de la película.
Este año quedó claro que el tomate puede moverse con violencia. Primero vinieron heladas en Florida, afectaciones fitosanitarias en Sinaloa, granizadas en el Bajío y una menor oferta que empujó los precios hacia arriba. Después, al entrar con fuerza las zonas de primavera-verano, el mercado recibió volumen suficiente y los precios cedieron. En pocas palabras: pasamos del temor por escasez al temor por sobreoferta.
Para el consumidor, el momento actual es favorable. Hay más producto, mejores precios y menor presión en el gasto familiar. Pero para el productor, especialmente el pequeño y mediano, la baja de precio puede ser dolorosa. Muchos vienen de ciclos caros, con insumos elevados, crédito difícil y riesgos acumulados.
Por eso la estabilización verdadera no debe medirse únicamente en el precio al público. Debe medirse también en rentabilidad agrícola, continuidad productiva y capacidad de seguir sembrando. Un mercado sano no es aquel donde el consumidor gana y el productor pierde. Un mercado sano es aquel donde la familia compra a precio justo y el agricultor recibe un ingreso suficiente para volver a producir.
Aquí la plataforma digital del acuerdo podría ayudar, siempre que sea útil y confiable. Si permite conocer con anticipación qué regiones sembraron, cuándo entrarán a cosecha, qué volumen se espera y hacia qué mercados se moverá el producto, puede convertirse en una herramienta de prevención. Pero si se usa únicamente como registro o como argumento político, tendrá poco impacto real.
También se necesita una política más fina para los pequeños productores. Ellos requieren asistencia técnica en parcela, acceso oportuno a insumos, financiamiento adecuado y apoyo gradual para entrar a agricultura protegida. Malla sombra, riego tecnificado, monitoreo sanitario y mejor manejo agronómico pueden reducir pérdidas y mejorar productividad. La estabilidad de precios empieza mucho antes de que el tomate llegue al mercado.
Sinaloa debe mirar este proceso con atención. Nuestro estado conoce el peso del tomate en la economía hortícola, pero también conoce sus riesgos. Hemos visto cómo una enfermedad, un frente frío, una lluvia fuera de tiempo o una decisión comercial en Estados Unidos pueden cambiar la temporada completa.
El tomate ya bajó de precio y eso ayuda al consumidor. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿vamos a construir una cadena más equilibrada o vamos a celebrar cada baja sin mirar quién la está pagando? Ordenar el tomate significa cuidar la mesa, claro, pero también cuidar el surco. Porque cuando el productor pierde, tarde o temprano pierde también el consumidor. Y cuando al campo le va bien, México come mejor y se fortalece desde su raíz.
Esto fue Visión Agrícola 360, el Panorama Completo del Campo Mexicano.
