17 de enero de 2026
La semana pasada, el Diario Oficial de la Federación publicó la renovación del decreto que mantiene los beneficios fiscales en materia de seguridad social para patrones y trabajadores eventuales del campo durante 2026. En la práctica, es una señal clara de hacia dónde quiere caminar el Estado mexicano con el empleo rural.
El trabajo agrícola en México sigue siendo estacional, intensivo en mano de obra y altamente sensible a los costos laborales. En estados como Sinaloa, donde la horticultura y los granos conviven con ciclos productivos muy marcados, cualquier ajuste en cuotas, salarios o reglas del IMSS se refleja de inmediato en la nómina y en la planeación de la cosecha.
Aquí hay una idea que conviene dejar clara desde el inicio. El agricultor quiere cumplir con sus obligaciones. Quiere afiliar a sus trabajadores, quiere operar dentro de la ley y quiere dar acceso a la seguridad social. El problema aparece cuando se pretende aplicar exactamente las mismas reglas de afiliación diseñadas para esquemas laborales urbanos a una actividad que funciona por temporadas y ciclos productivos muy cortos.
El trabajo eventual del campo no se comporta de forma lineal. Hay semanas donde se requiere mucha mano de obra y otras donde la actividad cae de manera abrupta. Un mismo trabajador puede entrar y salir varias veces del sistema de seguridad social en un solo ciclo agrícola. Bajo ese contexto, exigir esquemas rígidos, pensados para relaciones laborales continuas, genera fricciones que en la práctica dificultan el cumplimiento.
Este decreto tiene historia. Desde 2007, el estímulo fiscal ligado a las cuotas obrero-patronales ha funcionado como un puente entre la formalidad y la realidad del trabajo agrícola eventual. Su lógica ha sido sencilla: reconocer que las condiciones del campo son distintas y que, sin ajustes específicos, la formalidad se vuelve cuesta arriba.
La renovación para 2026 mantiene ese espíritu, pero introduce un cambio técnico relevante. El estímulo deja atrás la referencia al salario mínimo y se ancla a la Unidad de Medida y Actualización. En el resto del país, el crédito fiscal se calcula hasta un umbral de 3.6 UMAs diarias. En la Zona Libre de la Frontera Norte, sube a 4.5 UMAs, reconociendo niveles salariales más altos.
Este ajuste tiene un impacto importante. Usar la UMA como referencia reduce distorsiones, da mayor estabilidad al esquema y permite una planeación más clara de los costos laborales. En un entorno de incrementos salariales acumulados y mayores exigencias administrativas, esa certidumbre se vuelve un factor clave para que el productor pueda cumplir.
El decreto mantiene el crédito fiscal aplicable a los principales seguros del IMSS: riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales. En términos simples, el patrón cubre la diferencia entre cotizar con el salario real del trabajador y un salario tope definido por la UMA. Se reduce la carga, pero se conserva la cobertura.
Aquí surge una pregunta inevitable: ¿estos estímulos fomentan la formalidad real? La experiencia de casi dos décadas muestra que sí. Cuando las reglas reconocen la dinámica del campo, el cumplimiento aumenta. Cuando se ignoran esas condiciones, la informalidad crece, aunque el productor tenga la intención de hacer las cosas bien.
También hay un mensaje social de fondo. La renovación se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y en la idea de una república rural más justa. Coloca al empleo agrícola formal como un eje del bienestar rural y de la soberanía alimentaria, justo cuando el sector enfrenta presión climática, volatilidad de precios y escasez de mano de obra.
En lo operativo, el decreto no cambia las reglas de un día para otro. Se mantienen vigentes las disposiciones del Consejo Técnico del IMSS y se impulsa el uso de herramientas como el Buzón IMSS y el Reporte Personalizado de Cotización. Son avances relevantes, aunque todavía limitados frente a la complejidad del empleo eventual del campo.
El punto crítico sigue siendo el horizonte temporal. La vigencia corre del primero de enero al 31 de diciembre de 2026. Es una prórroga anual, y eso vuelve a poner sobre la mesa una discusión pendiente: la necesidad de un modelo de seguridad social diseñado específicamente para el trabajo agrícola eventual, con visión de largo plazo.
Para el productor, esta renovación permite planear el siguiente ciclo con menos incertidumbre. Para el trabajador eventual, mantiene el acceso a servicios de salud y prestaciones que impactan directamente en su calidad de vida. Para el Estado, implica sostener un esquema que reconoce que tratar como iguales realidades laborales tan distintas no funciona en la práctica.
Mientras la seguridad social del trabajo agrícola eventual se sostenga a base de prórrogas, el sector seguirá planeando con incertidumbre. Cada año se repite la misma pregunta: ¿se renovará o no el decreto? Esa duda pesa en la toma de decisiones, en la contratación de mano de obra y en la inversión productiva.
Lo que hoy opera como decreto debería dar el siguiente paso y convertirse en Ley. Un marco legal permanente permitiría dejar atrás la lógica de extensiones temporales y construir un modelo de seguridad social rural con reglas claras, estables y previsibles, acordes a la realidad del campo mexicano. Porque la seguridad social en el campo no debe depender de la voluntad política, sino formar parte estructural legal del desarrollo rural del país.
Esto es Visión Agrícola 360: «El Panorama Completo del Campo Mexicano».
