17 de enero de 2026
Competir hoy en los mercados agrícolas internacionales exige mirar más allá de nuestras fronteras. Y pocas decisiones repercuten tanto en México como las que toma Estados Unidos para respaldar a su propio productor. El Farm Bill y los nuevos apoyos anunciados recientemente son un ejemplo claro de cómo se mueve esta balanza.
Para comprender el momento actual conviene recordar qué es el Farm Bill. Se trata de una ley agrícola y alimentaria que ordena, cada ciertos años, cómo se asignarán los recursos federales a agricultores, ganaderos, programas de nutrición, seguros, créditos y conservación del suelo. Su primera versión surgió en 1933, en plena crisis económica, y desde 1973 se consolidó como un paquete legislativo integral que, en esencia, define la estrategia agrícola de Estados Unidos.
Lo importante para México es que este marco legal no ha sido renovado desde el 2018. En lugar de ello, el Congreso estadounidense ha aprobado extensiones sucesivas desde el 2019 y hasta el 2025, y todo indica que lo hará nuevamente en 2026. Esto mantiene vivos los programas, pero también crea un campo de juego estable para los productores norteamericanos, mientras que en países como el nuestro la incertidumbre suele dominar cada ciclo fiscal.
A estas extensiones se suma un anuncio reciente: el gobierno estadounidense aprobó 12 mil millones de dólares adicionales para apoyar a los agricultores afectados por tensiones comerciales. Este paquete se financia con los recursos recaudados de los aranceles cobrados a otros países y funciona como un “puente” financiero que protege al productor ante cualquier caída de precios o choque internacional.
Muchos de los productores que nos leen, han sentido en carne propia lo que representa competir con un agricultor cubierto por seguros amplios, créditos preferenciales y ahora un apoyo extraordinario de miles de millones de dólares. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo equilibrar una competencia tan desigual sin una política nacional sólida?
Para darnos una idea de la diferencia, el Farm Bill de 2018 destinó apoyos por 428 mil millones de dólares para el periodo 2019–2023. En ese mismo tiempo, el presupuesto acumulado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) sumó aproximadamente 300 mil millones de pesos, equivalentes a unos 15 mil millones de dólares. Esto representa cerca de 3.5% de lo que destinó Estados Unidos a su sector agrícola. La brecha financiera es gigantesca y se amplía aún más con el reciente paquete de apoyos.
Esta realidad obliga a un análisis serio. Si Estados Unidos avanza con apoyos crecientes y un sistema institucional robusto, México necesita reflexionar sobre el tipo de herramientas que está poniendo a disposición de su propio campo. En mercados globales cada vez más exigentes, la productividad depende de más que tierra y clima: depende de políticas públicas, financiamiento, infraestructura, investigación y visión de largo plazo.
Para muchos productores mexicanos, especialmente los que trabajan en regiones altamente competitivas como Sinaloa, Baja California o Jalisco, estas diferencias son obstáculos reales al momento de decidir siembras, inversiones y riesgos. Y en un país donde buena parte de la agricultura ya opera con márgenes muy apretados, la falta de un programa permanente y estructural pesa más que nunca.
Esto nos lleva al punto central: México necesita una política agrícola moderna, profunda y estable. No es suficiente ajustar programas año con año. El país requiere un andamiaje institucional que acompañe al productor durante todo el ciclo: seguros accesibles, créditos adecuados, estímulos a la innovación, infraestructura postcosecha, financiamiento a la investigación y estrategias de mercado que aumenten la competitividad frente a socios comerciales que no dudan en invertir miles de millones para proteger su agro.
La experiencia internacional y los propios avances regionales permiten trazar un camino. Los productores de Sinaloa y otras regiones ya están apostando por tecnologías más eficientes, modelos asociativos, certificaciones y diversificación comercial. Pero para que esto escale se necesita un Estado que mire al campo como un sector estratégico y no solo como un rubro presupuestario.
El campo mexicano ha demostrado una capacidad sorprendente para adaptarse y avanzar incluso en años complicados. Ese espíritu resistente es, quizá, la mayor fortaleza que tenemos. Por eso este momento debe asumirse con determinación. Si México decide construir un programa nacional que dé certidumbre, si productores y autoridades se articulan con visión y si la innovación se convierte en la regla y no en la excepción, estaremos listos para competir en cualquier tablero internacional.
La fórmula estadounidense combina subsidios, aranceles y estructura institucional. La nuestra aún está por escribirse. Y tal vez este sea el momento preciso para hacerlo con ambición y futuro.
Esto es Visión Agrícola 360: «El Panorama Completo del Campo Mexicano».
