17 de agosto de 2026
Cuando revisamos la información más reciente del Banco de México, a partir de su reporte de financiamiento al sector productivo con cifras al cierre de 2025, la respuesta no es alentadora, ya que el crédito otorgado por la banca comercial a las actividades primarias cayó alrededor de 6% y cerró el año pasado en poco más de 130 mil millones de pesos, por debajo del nivel registrado en el año 2024.
Más preocupante aún es el peso que ese monto tiene dentro del sistema financiero nacional, porque todo el financiamiento destinado a agricultura, ganadería, pesca y actividades forestales representa menos del 2% del crédito total al sector productivo, lo que significa que, en términos prácticos, el campo mexicano opera casi al margen del sistema bancario formal, y esa proporción habla por sí sola.
Estamos frente a un sector que alimenta a más de 120 millones de personas, que genera millones de empleos directos e indirectos y que sostiene una parte importante de las exportaciones agroalimentarias del país, y aun así su acceso al financiamiento sigue siendo limitado y, en los últimos años, decreciente.
En el terreno, esta realidad se traduce en decisiones difíciles, porque hablamos de productores que reducen superficie por falta de capital de trabajo, de empresas agrícolas que posponen inversiones en tecnología, riego o infraestructura, de agricultores que dependen cada vez más del financiamiento de proveedores de insumos aceptando costos financieros más altos, y de jóvenes que desean emprender en el campo y encuentran cerradas las puertas del crédito formal.
El argumento recurrente es el riesgo, ya que el campo depende del clima, de los precios internacionales y de factores sanitarios que pueden cambiar en cuestión de semanas; sin embargo, cuando se revisan los niveles de incumplimiento, el sector mantiene una cartera vencida cercana al 5%, un porcentaje manejable y comparable con otras actividades productivas, lo que confirma que el campo paga y que el campo cumple cuando las reglas son claras y las condiciones están bien diseñadas.
Entonces, ¿qué está fallando? Desde la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo en 2023 quedó un vacío que la banca comercial no ha terminado de cubrir, porque faltan esquemas sólidos de garantías públicas, instrumentos de cobertura accesibles y productos financieros adaptados a los ciclos agrícolas, que son muy distintos a los industriales o comerciales. La banca sigue sin comprender que el sector agrícola es un negocio de promedios en el largo plazo.
La agricultura trabaja con temporadas definidas, ventanas de siembra, riesgos climáticos y precios que dependen de mercados globales, y el crédito tradicional, con estructuras rígidas y plazos poco flexibles, no siempre responde a esa dinámica, generando una brecha creciente entre lo que el productor necesita y lo que el sistema financiero ofrece.
En estados como Sinaloa, donde el dinamismo agrícola ha sido motor económico durante décadas, esta situación es especialmente delicada, porque competimos en mercados internacionales que exigen trazabilidad, certificaciones de inocuidad, responsabilidad ambiental y cumplimiento social, y cada uno de esos estándares implica inversión constante, de modo que sin capital suficiente la modernización se frena y cuando la modernización se detiene la competitividad empieza a erosionarse.
Conviene reflexionar con serenidad, ya que un país que busca fortalecer su seguridad alimentaria y consolidar su liderazgo exportador no puede permitir que su principal sector productivo opere con financiamiento marginal, ya que el crédito no es únicamente dinero, es también una señal de confianza institucional en la capacidad del productor.
Hoy buena parte del financiamiento rural proviene de recursos propios, de proveedores, de uniones de crédito o de esquemas alternativos, formando un mosaico fragmentado, desigual y muchas veces más costoso, donde los grandes productores con mayor historial y garantías acceden a mejores condiciones, mientras que los pequeños y medianos enfrentan mayores obstáculos aun cuando representan la base social del campo mexicano.
La solución exige una visión integral, que articule coordinación entre banca comercial, banca de desarrollo, fondos de garantía y seguros agropecuarios sólidos, que impulse instrumentos financieros vinculados a contratos de comercialización, cadenas de valor y agricultura por contrato, y que fortalezca la educación financiera rural y la formalización de unidades productivas.
El gobierno debe generar certidumbre jurídica y reglas claras, la banca necesita entender que financiar al campo es apostar por estabilidad económica y social, y los productores están llamados a consolidar modelos empresariales más ordenados y transparentes, porque estamos ante una decisión estratégica: o permitimos que el financiamiento rural siga reducido a una fracción mínima del sistema financiero, o asumimos que el campo es un eje central del desarrollo nacional, y la diferencia entre una y otra postura se reflejará en productividad, empleo, precios de alimentos y cohesión social.
El campo mexicano ha demostrado resiliencia frente a sequías, plagas, volatilidad cambiaria y presiones comerciales, ha sabido adaptarse y seguir produciendo, y lo que ahora necesita es un sistema financiero que camine a su lado, porque al final la pregunta no es únicamente quién está financiando al campo mexicano, sino qué lugar queremos darle a la tierra que nos alimenta dentro del proyecto de país que estamos construyendo.
Esto fue Visión Agrícola 360: El Panorama Completo del Campo Mexicano.
