8 de septiembre de 2026
México reabrió una discusión que toca fibras muy sensibles en el campo. El gobierno federal ha planteado evaluar nuevamente el uso del fracking para extraer gas natural, con el argumento de reducir la dependencia energética del exterior. En términos políticos puede parecer una decisión estratégica. En términos rurales, la pregunta es otra: ¿qué costo puede tener esa apuesta para el agua y para la tierra?
Hoy el país consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural. De ese total, cerca 75% llega desde Estados Unidos. Esa dependencia preocupa porque vuelve vulnerable a México frente a choques de precios, tensiones geopolíticas y fallas en el suministro. Desde esa lógica, producir más gas dentro del país parece una salida atractiva.
El problema es que el fracking implica perforar a grandes profundidades e inyectar agua, arena y compuestos químicos a presión para romper la roca y liberar hidrocarburos atrapados. Cuando eso se propone en un país con estrés hídrico creciente, la conversación deja de ser meramente energética. Entra de lleno al terreno agrícola, social y ambiental.
Para las zonas rurales, el agua no es un asunto secundario. Es el punto de partida de la siembra, de la ganadería, del empaque y de la vida cotidiana. Si un territorio ya vive con pozos presionados, presas en niveles bajos o acuíferos sobreexplotados, cualquier actividad intensiva en agua genera alarma. Esa preocupación nace de la experiencia acumulada en regiones donde cada ciclo agrícola depende de un equilibrio cada vez más frágil.
Además, distintos reportes periodísticos y análisis recientes señalan que Pemex ha utilizado fractura hidráulica desde hace años, sobre todo en estados como Veracruz y Tamaulipas. La diferencia es que ahora el tema se reconoce abiertamente y se presenta como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la soberanía energética del país. Ese giro cambia el tono del debate y obliga a revisar con más seriedad sus efectos.
La propia administración federal anunció un comité técnico con especialistas de instituciones como la UNAM, la UAM, el IPN y el Instituto Mexicano del Petróleo. Su tarea será evaluar durante los próximos dos meses si existen métodos menos agresivos, con menor uso de químicos y posibilidad de emplear agua no potable.
Aun así, la prudencia sigue siendo indispensable. Cambiar el discurso o modernizar el lenguaje no elimina por sí mismo los riesgos. Una técnica puede presentarse como más limpia, pero el campo necesita algo más que promesas de laboratorio. Necesita certidumbre sobre la calidad del agua, claridad sobre los residuos y garantías de que los costos ambientales no terminarán socializándose entre quienes viven de la producción agrícola.
Hay otro punto que conviene mirar con calma. México genera enormes volúmenes de agua contaminada asociados a la actividad petrolera. Reportes recientes estiman que esa cifra anual ya equivale a más de 9 mil albercas olímpicas. Ese antecedente prende focos rojos en cualquier discusión sobre expansión de hidrocarburos, porque el reto manejar adecuadamente residuos, evitar filtraciones y proteger acuíferos y suelos productivos.
En el campo, los impactos rara vez llegan en forma de un gran titular. A veces aparecen como menor disponibilidad de agua para riego. Otras veces como suelos degradados, costos más altos de bombeo o desconfianza entre comunidades y autoridades. La rentabilidad agrícola puede deteriorarse poco a poco, casi en silencio, hasta que el daño se vuelve evidente. Y cuando eso ocurre, recuperar la productividad cuesta años y mucho dinero.
Quienes defienden esta ruta recuerdan algo cierto: México necesita energía suficiente y competitiva para mover industrias, refrigerar alimentos, bombear agua, transportar cosechas y sostener buena parte de su actividad económica. También es verdad que más de 60% de la electricidad del país depende del gas natural. El desafío real está en decidir si la seguridad energética puede construirse sin debilitar la seguridad hídrica y territorial.
Desde una perspectiva agrícola, ahí está la pregunta clave. ¿Tiene sentido aliviar una dependencia externa si a cambio se profundiza la presión sobre regiones que ya cargan con sequía, costos crecientes y menor disponibilidad de agua? Esa es la interrogante que debería guiar el debate público. Porque un país puede diversificar sus fuentes de gas con el tiempo, pero el agua dañada o escasa en una cuenca rural no se reemplaza con la misma facilidad.
Por eso el camino responsable exige reglas estrictas. Transparencia total sobre dónde se perforará y con qué método. Líneas base independientes para medir agua, suelo y aire antes de cada proyecto. Vigilancia técnica permanente, participación real de comunidades y fondos suficientes para reparar daños. Sin esos candados, cualquier intento de reactivar el fracking arrancará con un déficit de confianza muy difícil de corregir.
El campo mexicano ya vive demasiadas presiones. Sequía, costos de insumos, inseguridad, financiamiento limitado y mercados más exigentes forman parte de su rutina. Sumarle incertidumbre hídrica sería cargar más peso sobre una estructura que ya trabaja al límite. Cuando una política pública toca de manera tan directa la base productiva, el análisis debe ser mucho más fino que una simple comparación entre importaciones y producción nacional.
Al final, esta discusión habla de prioridades. El gas importa, desde luego, pero para la agricultura mexicana el agua sigue siendo la frontera decisiva entre producir o retroceder. Si el país quiere construir una ruta sólida hacia adelante, tendrá que recordar algo elemental: la energía puede buscar alternativas, mientras que un territorio sin agua pierde cosechas, pierde valor y pierde futuro.
Esto fue Visión Agrícola 360: El Panorama Completo del Campo Mexicano.
