Al cierre del año 2025, la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG) en México ha costado a los productores al menos 15 mil 500 millones de pesos (mdp), por el cierre de frontera que impuso Estados Unidos a animales procedentes de territorio nacional y los costos adicionales requeridos para hacer frente al parásito y tomar medidas para su movilización a zonas de engorda.

Pocas leyes han sido tan ampliamente analizadas, debatidas y al mismo, tan tergiversas para para atraer la atención de los productores, empresarios y la ciudadanía.

La aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales cayó de golpe en un ambiente que ya venía cargado de preocupación. Productores, técnicos y organizaciones del campo lo han comentado con inquietud, porque la noticia pesa. Estamos frente a la regla que definirá quién puede usar el agua, cómo se administra y hasta dónde llegan las facultades del Estado para regular un recurso que sostiene millones de hectáreas agrícolas.

Cada temporada agrícola, millones de toneladas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Granos, frutas, hortalizas y semillas viajan por carreteras y puertos que sostienen una de las relaciones comerciales más intensas del mundo. Detrás de ese flujo constante hay una pregunta que inquieta a muchos productores: ¿esta integración impulsa al campo mexicano o lo mantiene atrapado en una estructura desigual?

Amanecemos este lunes con una inquietud que muchos ya sienten en el estómago. Desde temprano circulan mensajes de productores y transportistas que se preparan para lo que podría ser una de las jornadas de protesta más grandes del año. Quienes nos leen aquí en la Revista Comentarios saben que estas movilizaciones no nacen de la noche a la mañana. Son el eco de un malestar profundo, un cansancio que se acumuló durante meses y que hoy toma forma en carreteras, casetas y puntos estratégicos del país.

Esto ante falta de respuesta del gobierno federal y legisladores